1. Introducción
La industria pesquera en la Argentina2, si bien fecha sus orígenes en 1820 en las costas bonaerenses, puede ser considerada una actividad relativamente reciente. La explotación a gran escala en algunos sectores del mar argentino cuenta sólo unas pocas décadas de vida. Importantes centros industriales pesqueros de la patagonia han visto su desarrollo en los últimos 20. La estrecha interrelación con el mar y la costa ha sido la clave del desarrollo económico, demográfico y social de muchas ciudades que han incrementado signifcativamente su población, ingresos y estándares de vida a partir de la evolución de la actividad. La industria pesquera constituye uno de los sectores productivos con mayor potencialidad para el desarrollo económico del país por su contribución a las economías regionales, su capacidad exportadora, su extendida red comercial y de financiamiento internacional y su aporte a la seguridad alimentaria mundial (Carciofi, Merino, & y Rossi, 2021).
Esta relativa juventud de la industria, no la hace menos relevante. La pesca constituye hoy el 8vo complejo exportador del país con aproximadamente 2.000 millones de usd. (2,6%) (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2021) habiendo superado en algún momento a las exportaciones de carne vacuna. La Argentina ocupa el puesto 21 entre los países productores de pesca y representa alrededor del 1% de las capturas mundiales. Se trata de un sector netamente exportador (más del 90% del total producido), generador de divisas genuinas y presencia comercial consolidada en mas de 100 países en los 5 continentes.
La pesca marítima industrial comprende un complejo entramado empresarial de capital intensivo que depende de una serie de factores con índices propios de variabilidad. El sistema de producción pesquera opera bajo una fuerte restricción producto de la disponibilidad y localización/accesibilidad del recurso (climas adversos, profundidades), y como consecuencia de ello requiere de una compleja organización y dinámica. El empresario debe organizarse de forma tal, que pueda decidir qué (especies) va a pescar, dónde (áreas de pesca), cuándo (temporadas), cuánto (cuotas-licencias), cómo (barcos y artes de pesca) y para quién (mercado interno o externo) producirá.
A pesar de esta dificultad, la actividad pesquera ha mostrado una evolución positiva en su desarrollo industrial y comercial a los largo de los años, a diferencia de muchas otras industrias tradicionales en decadencia. No obstante ello, goza todavía de bajos niveles de conocimiento general en la población y en los hacedores de políticas públicas que invisiviliza sus beneficios y le otorga poca centralidad en el debate del modelo de crecimiento que la Argentina necesita para afrontar y superar de manera definitiva las crisis recurrentes a las que se enfrenta. Incluso aún peor, la pesca es comunmente asociada a cuestiones que afectan su popularidad como el deterioro del medio ambiente, la sobreexplotación o la falta de controles y transparencia.
Otras características salientes de la pesca en la Argentina lo constituyen su alta empleabilidad, con más de 14 mil empleos directos (Ministerio de Trabajo, 2022) y casi 100 mil adicionales indirectos; la alta dependencia de la coyuntura internacional (precios de los commodities internacionales y mercados); las importancia de su participación en las cadenas logísticas y la gran relevancia geopolítica de la actividad y sus implicancias en temas sensibles (Ej: Malvinas, Milla 201). Como sostiene el informe sobre trazabilidad de la Pesca del Círculo de Políticas Ambientales:
“Conviene señalar las diferencias entre la pesca en el Mar Argentino dentro de las 200 millas, debidamente regulada y reglamentada de lo que ocurre en aguas internacionales donde operan las flotas de pesca en aguas distantes (DWF, por sus siglas en inglés) las cuales han expandido su tamaño y alcance alrededor del mundo. Las mejoras de la industria, incluidos los buques refrigerados, los procesadores en el mar y el transbordo, han permitido que las flotas DWF permanezcan navegando durante períodos de tiempo más largos, lo que les ha ayudado a capturar más pescado más lejos de casa, y más barato Este tipo de flotas DWF, además, avanzan sobre las zonas económicas exclusivas de otros países, poniendo en riesgo las economías locales, ya que atentan contra los puestos de trabajo de los pescadores y socavan la seguridad alimentaria del país. Además, las flotas que se dedican a la pesca INDNR ponen en peligro la gestión pesquera y amenazan los ecosistemas marinos. Las principales flotas DWF corresponden a China, Taiwán, España, Japón y Corea del Sur. Los países en desarrollo, que carecen de recursos para una ordenación y aplicación de la norma de pesca eficaces, son los más afectados por la pesca INDNR debido a la pérdida de ingresos, la disminución de la seguridad alimentaria y la pérdida de biodiversidad . En el caso de las costas argentinas, se estima que son casi 600 buques los que integran esa flota y faenan en el límite de la milla 201”. (Círculo de Políticas Ambientales, 2021)
2. Sustentabilidad y seguridad alimentaria
La constante y acelerada evolución de la pesca en el mundo al final de la década del ochenta evidenció con claridad que era imposible mantener una explotación de los recursos de manera sostenible si no se tomaban medidas (Pagani, A; Gualdoni, P, 2018). Por este motivo los órganos rectores de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), recomendaron la formulación de un Código de Conducta para la Pesca Responsable (ONU - FAO, 1995), el cual fue adoptado, por unanimidad, en octubre de 1995. En él se establecieron los principios y las normas internacionales de comportamiento para prácticas responsables destinadas a garantizar la conservación, ordenación y desarrollo eficaces de los recursos acuáticos vivos, con el debido respeto por el ecosistema y la biodiversidad. El Código de Conducta para la Pesca Responsable reconoce la importancia nutricional, económica, social, ambiental y cultural de la pesca, así como los intereses de todas las partes involucradas en el sector.
La industria pesquera argentina representa una industria activa y con un enorme potencial que se desarrolla dentro de un marco establecido adecuado y de manera ordenada. A diferencia de otros caladeros en donde impera la falta de regulaciones y normativas, la Argentina ha logrado ordenar la actividad de manera apropiada contribuyendo al desarrollo sostenible de la actividad y al cuidado de las especies. Si bien tiene por delante aún numerosos oportunidades de mejora y aspectos pendientes, constituye un ámbio con actores definidos, bases establecidas y experiencia de gestión público y privada que ha permitido una evolución pisitiva a lo largo del tiempo. La norma rectora de la pesca en Argentina es la Ley Federal de Pesca (Ley No 24.922 - Dic 1997) por la cual se crea el Consejo Federal Pesquero, principal organismo regulador de la actividad pesquera y que es quién define la política pesquera marítima nacional. Posee una amplia representatividad dado que su integración está compuesta por cinco representantes del Estado Nacional y un representante de cada provincia con litoral marítimo. El Art. 9 de la ley establece sus funciones entre las que destacan el establecimiento de la política pesquera y de la política de investigación pesquera nacional, la planificación del desarrollo pesquero nacional, el establecimiento de la Captura Máxima Permisible por especie y las cuotas de captura, aprobar los permisos de pesca comercial y experimental, fijar las pautas de coparticipación en el Fondo Nacional Pesquero, establecer los derechos de extracción y fijar los cánones por el ejercicio de la pesca. La autoridad de aplicación corresponde a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y constituye el órgano ejecutor de la política pesquera. Asimismo, cada provincia con litoral marítimo tiene sus propios organismos de administración pesquera, con jurisdicción dentro de las 12 millas del espacio marítimo.
Independientemente de lo que quede todavía por ajustar (que no es poco y que en una actividad con tanto dinamismo siempre incorpora nuevas temas a la agenda) los tiempos en donde “unos pocos en poco tiempo pescaban todo lo que podían con el mínimo control” han dado paso a una realidad en donde muchos pescan lo necesario con la mirada puesta en la sustentabilidad de las especies y del negocio. Esta mentalidad compartida ha generado exitosas políticas de cuidado del recurso, mejora en los controles, ordenamiento de las pesquerías y aumento de los volúmenes de captura. Como se ha mencionado varias veces, el recurso depende de la naturaleza, pero la administración de los mismos depende de las personas. La industria pesquera nacional, en conjunto con las autoridades, entendieron la necesidad de resguardar la sustentabilidad y promover la seguridad alimentaria nacional y mundial. Esto no solo sucede porque en algunos casos particulares las leyes (nacionales e internacionales) específicamente así lo establezcan, sino por una creciente tendencia en el consumo mundial relacionada con nuevos requerimientos de los consumidores que impulsan nuevos estándares globales para la comercialización y que a veces no se traducen necesariamente en normas, pero constituyen exigencias del mercado que se deben satisfacer. Mantener la reputación y la viabilidad de la marca a largo plazo y la consolidación de mercados y clientes, obliga a que se avance en medidas que intenten evitar el fraude o el etiquetado incorrecto, la alteración de los alimentos, mejorar la trazabilidad y otras demandas relativas a productos que aseguren la calidad, su condición de saludables, seguros y respetuosos con el ambiente.
Precisamente por estos avances es que lossistemas de trazabilidad están adquiriendo cada vez más relevancia a nivel global en más industrias. La capacidad de rastrear y verificar la información sobre el origen y el trayecto de los productos, y cómo atraviesan la cadena de suministro (qué, quién, cómo, dónde y cuándo se pesca, procesa y transporta) brinda la posibilidad de disponer de información esencial para los consumidores y asegurar una actividad con esquemas sustentables de manejo y control. La trazabilidad persigue cuatro fines específicos: garantizar la seguridad alimentaria; luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no regulada; garantizar la sostenibilidad de las pesquerías y combatir los abusos laborales, el trabajo esclavo y las violaciones de los derechos humanos de los tripulantes (Círculo de Políticas Ambientales, 2021).
La seguridad alimentaria se ha convertido en un objetivo global, más aún en contextos como el presente en dónde se encuentra amenaza como resultados del desempeño de la economía post-pandemia y de la guerra desatada en Ucrania producto de la invasio4n rusa. La necesidad de asegurar alimentos en cantidad y calidad implica una lucha contra el fraude. La lucha contra el fraude de los productos del mar puede presentarse en diferentes formas. La más común es la (1) sustitución de especies en donde un artículo de bajo valor o menos deseable es vendido en lugar de una opción más costosa o deseable ya que, una vez que el pescado está procesado, su especie puede ser difícil o imposible de determinar; La segunda es (2) el etiquetado incorrecto, por la cual se intenta ocultar el verdadero origen de los productos etiquetando incorrectamente el nombre de la especie y/o el país de origen o zona FAO de pesca para evitar regulaciones y tarifas, o incluso ingresando pescado capturado ilegalmente en la cadena de suministro; El tercero es (3) el agregado de terceros elementos (empanizado, agua/glaseo/conservantes u otros) a los productos del mar para aumentar su peso aparente y comercializar por debajo del valor real. Si bien se trata de una practica normal y legal, dado que muchos productos necesariamente requieren de dichos productos agregados para su adecuada conservación, mantenimiento y transporte, la no inclusión de esos datos y detalles en el peso neto de los productos constituye un fraude (Oceana, 2016). En Argentina, un estudio realizado por investigadores locales en 2019 y publicado en Fisheries Research en 2020 reveló que uno de cada cinco filetes de pescado comercializados en la costa bonaerense no era lo que indicaba su etiqueta. Se detectó que se vendían especies más baratas como productos de mayor valor, y la mayoría de las sustituciones incluyeron especies amenazadas de extinción (Círculo de Políticas Ambientales, 2021).
Según estimaciones del Global Food Traceability Market (Global Food Traceability Market , 2021) se prevé́ para el segmento de la pesca la tasa de crecimiento más alta en el mercado mundial de trazabilidad de alimentos en los próximos años. Según las directrices recientes de la UE, Japón y EE. UU., la trazabilidad es ahora (y cada vez más) un mandato para todas las empresas que operan en el mercado de productos del mar y la pesca al cual se le empieza a incorporar el concepto de carbono neutralidad y reducción de emisiones (FishWise, 2017). Al natural liderazgo de EE.UU. y Canadá en temas de trazabilidad (por la alta demanda de estos sistemas) se espera un crecimiento significativo de Asia-Pacifico por el rápido cambio de hábitos de consumo de una creciente clase media urbana que incorpora la conciencia sobre alimentos y bebidas saludables (Círculo de Políticas Ambientales, 2021).
En la Argentina el debate por la trazabilidad fue reabierto recientemente en el Congreso de la Nación y avanza el tratamiento legislativo de un proyecto unificado que crea un sistema único de trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura con destino al consumo interno o la exportación, con el fin de garantizar la legalidad de las capturas y producciones, el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad y sostenibilidad de estos productos a lo largo de todo su ciclo de vida y de asegurar el acceso a la información trazada3 (Revista Puerto, 2022). En rigor de verdad, algunas acciones en línea con la trazabilidad ya vienen aplicándose desde hace años (Ej. CCL -Certificado Legal de Captura- desde el 2008, partes electrónicos, etc) y han contribuido a transparentar la actividad y evitar abusos. Los avances e innovaciones de los últimos años en materia de tecnologías de la información han hecho que la gestión del conocimiento y la transferencia de datos sea más asequible y económica y facilite a actores pequeños y medianos, el acceso confiable y eficiente a la información. Simultáneamente, facilita la tarea de control de la autoridad de aplicación, reduce la carga burocrática y contrinuye a a modernización de la actividad y su monitoreo. Restan definir aun los detalles del alcance de la norma y, se espera que su implementación no constituya nueva carga burocrática ni superponga organismos y sanciones sin criterio unificado.
El sector ha iniciado también procesos de certificación de pesquerías como indicador de pesca sostenible bajo estándares internacionales de la mano de firmas privadas reconocidas internacionalmente. Algunos ejemplos como la certificación del recurso anchoíta patagónica, el interés por avanzar en ese tema para la pesquería del langostino en Rawson, o avances voluntarios de algunas empresas privadas para certificar sus propios procesos son muestras acabadas de que se avanza en la línea adecuada y que el concepto ha sido incorporado en el empresariado nacional. Sólo algunos años atrás hubiera sido impensable esta situación. Si bien todavía se enfrentan resistencias puesto que no esta debidamente determinado el costo total que implican estas iniciativas y no es claro o evidente el beneficio económico en el corto plazo, se entiende que hay un cambio de mentalidad positiva en el sector acorde a los tiempos que corren y que hace avizorar un buen horizonte para la industria y su participación internacional en cuanto a actividad segura, comprometida y responsable con la calidad alimentaria y el cuidado del medio ambiente.
3.Conculsiones
Como mencionamos al comienzo, la industria pesquera en la Argentina es una actividad relativamente reciente cuya explotación a gran escala en algunos sectores del mar argentino cuenta sólo unas pocas décadas. La pesca marítima industrial comprende un complejo entramado empresarial de capital intensivo que depende de una serie de factores con índices propios de variabilidad. El sistema de producción pesquera opera bajo una fuerte restricción producto de la disponibilidad y localización/accesibilidad del recurso (climas adversos, profundidades), y como consecuencia de ello requiere de una compleja organización y dinámica. El empresario debe organizarse de forma tal, que pueda decidir qué (especies) va a pescar, dónde (áreas de pesca), cuándo (temporadas), cuánto (cuotas licencias), cómo (barcos y artes de pesca) y para quién (mercado interno o externo) producirá. Se trata de un complejo entramado empresarial de capital intensivo que depende de una serie de factores con índices propios de variabilidad.
A pesar de esta dificultad la actividad industrial pesquera argentina constituye una industria activa que ha sostenido una evolución favorable en el tiempo y ha mostrado una evolución positiva en su desarrollo industrial y comercial a los largo de los años, a diferencia de muchas otras industrias tradicionales en decadencia. Con un enorme potencial por su contribución a las economías regionales, su capacidad exportadora, su extendida red comercial y de financiamiento internacional y su aporte a la seguridad alimentaria mundial, la pesca en Argentina se desarrolla dentro de un marco establecido adecuado y de manera ordenada aunque aún tiene espacio de oportunidades para el desarrollo y la mejora. No obstante, la pesca es comunmente asociada a cuestiones que afectan su popularidad como el deterioro del medio ambiente, la sobreexplotación o la falta de controles y transparencia. Goza todavía de bajos niveles de conocimiento general en la población y en los hacedores de políticas públicas que invisiviliza sus beneficios y le otorga poca centralidad en el debate del modelo de crecimiento que la Argentina.
La sustentabilidad y el manejo responsable de los recursos y el cuidado del medio ambiente se han constituido en una demanda mundial y un objetivo global. Conjuntamente con la exigencia de un mundo que evolucione hacia la carbononeutralidad, la creciente tendencia en el consumo mundial relacionada con nuevos requerimientos de los consumidores que impulsan nuevos estándares globales para la comercialización se ha convertido en una temática prioritaria para la industria. Si bien no necesariamente siempre se encuentra plasmado en la letra de la legislación de los mercados de destino (aunque se avanza en ello), estas nuevas demandas constituyen exigencias del mercado que se deben satisfacer. Mantener la reputación y la viabilidad de la marca a largo plazo y la consolidación de mercados y clientes, obliga a que se avance en medidas que intenten evitar el fraude o el etiquetado incorrecto, la alteración de los alimentos, mejorar la trazabilidad y otras demandas relativas a productos que aseguren la calidad, su condición de saludables, seguros y respetuosos con el ambiente.
Para ello es vital obtener información ambiental, biológica, tecnológica, económica y social de calidad. La información y el manejo de datos actualizados y en tiempo real mejorará notablemente la administración de la pesquería y la industra en general. Se requiere un análisis integrado, que se sirva de una serie de datos, para realizar evaluaciones de previsión de las condiciones futuras y de los resultados de las medidas de ordenación alternativas (FAO, 2020). Es incuestionable que cuanto mayor sea el conocimiento de los elementos componentes de la problemática que se analiza y más completa y oportuna la información que se pueda disponer sobre la misma, mayor será también la capacidad para tomar las decisiones y para observar con más claridad y precisión las múltiples y complejas relaciones de causa-efecto que puedan existir entre los hechos de una situación dada (Bertolotti, 2016).
Una industria moderna, inserta en los mercados de manera profecional y responsable, requiere que las cuestiones de sostenibnilidad, trazabilidad y cuidado del medio ambiente estén presentes en primer lugar en la agenda del nuevo siglo.