Después de más de 25 años de negociaciones plagados de avances y retrocesos, acuerdos y desacuerdos, el sábado 17 de enero de 2026, en Asunción, el MERCOSUR y la Unión Europea firmaron el Partnership Agreement (EMPA) y el Interim Trade Agreement (ITA).
Su entrada en vigor aún es incierta, más después que Parlamento Europeo decidió enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE, reflejando las resistencias políticas que aún persisten en Europa. Sin embargo, a pesar de la compleja economía política de la mesa europea, los Estados Partes del MERCOSUR rápidamente han enviado el texto a los Congresos Nacionales con el objetivo de avanzar lo más rápido en su ratificación.
Si bien existe incertidumbre en cuanto a la temporalidad de la entrada en vigor del Acuerdo, para el MERCOSUR como proceso de integración y para sus Estados Partes hay una certeza: los múltiples desafíos por delante son importantes, tanto cuantitativa como cualitativamente. Como bien señaló Roberto Bouzas, lo peor que podría hacerse después de la aprobación del acuerdo es decir que el trabajo está concluido.
El pilar comercial del Acuerdo (ITA) firmado en 2019 y renegociado entre 2023/2024 forma parte de los denominados “acuerdos de integración profunda” cuya amplitud y complejidad van mucho más allá de los acuerdos comerciales de los años noventa y la primera década del siglo XXI. No es solo un acuerdo de aranceles. Se incluye compromisos en comercio de servicios, propiedad intelectual, obstáculos técnicos, compras públicas, regulaciones ambientales y laborales, ente otros. A diferencia de Chile, los países andinos y centroamericanos, ésta es la primera experiencia del MERCOSUR firmando este tipo de acuerdos. No existe una musculatura previa, una gimnasia comercial e institucional a la hora de pensar la implementación y el aprovechamiento de este tipo de acuerdos.
En ese marco, aparecen importantes desafíos en el horizonte que deben comenzar a ser trabajados inmediatamente por los gobiernos nacionales y los órganos del MERCOSUR. Esos desafíos pueden ser agrupados en tres dimensiones, en relación a la implementación, el aprovechamiento y la adaptación. El presente artículo busca identificar y analizar dos desafíos específicos (no son excluyentes) en cada una de esas dimensiones que deberán abordarse para que las ganancias y los beneficios del Acuerdo puedan concretarse y materializarse.
La literatura ha señalado la centralidad que adquiere la fase de implementación en particular para los países emergentes que negociaron acuerdos de tipo Norte-Sur. Para traducir lo negociado en beneficios y lograr eficiencia en torno a la capacidad para aplicar los acuerdos firmados, las instituciones y las políticas importan. Los resultados empíricos muestran que una débil capacidad estatal/institucional exacerba efectos negativos en la implementación
El desafío no es sólo a nivel doméstico en cada Estado Parte sino también en el plano regional. La literatura ha ponderado la deuda de la institucionalidad del bloque en relación al déficit en la implementación de su normativa, un bajo enforcement (cumplimiento), una arquitectura institucional lenta/reactiva y una excesiva politización de las decisiones técnicas. Así, la estructura actual, tanto el hardware como software de su gobernanza, deberá adaptarse para gestionar un Acuerdo que requerirán una maquinaria institucional ágil, con mayor capacidad técnica y con un renovado poder de vigilancia y aplicación.
Los gobiernos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay deberán avanzar en un acuerdo político/técnico acerca del criterio de distribución de las cuotas sobre los principales productos agropecuarios que otorgó la UE, las cuales representan, dado el patrón de especialización productivo, uno de los puntos centrales de accesos a mercado para el bloque. El potencial de exportación del MERCOSUR bajo todos contingentes arancelarios en el primer año de implementación (TRQ Año 0) es de entre 400 y 500 millones de dólares. Luego del quinto año de la entrada en vigor del Acuerdo (donde se consiguen las máximos cantidades), el valor de exportaciones estimados es de rango de 2,000 millones de dólares anuales para el MERCOSUR
La distribución de cuotas puede adoptar diferentes criterios como el historial exportador de cada país, la capacidad productiva y sanitaria, el peso relativo del sector en cada economía, o directamente un valor fijo para cada país y luego alguno de los criterios mencionados anteriormente. El único consenso esbozado por el MERCOSUR por ahora es ir a un mecanismo de asignación (contingente total se subdivide en partes específicas para cada país) con un mecanismo de "pool" para la redistribución de cupos no utilizados, y no por orden de llegada first-come, first-served.
El actual contexto internacional caracterizado por la volatilidad y la incertidumbre complejiza el escenario. Por ejemplo, en materia de carne bovina la decisión de China de asignar cuotas a sus principales proveedores, representó un duro golpe para Brasil. En ese marco, la cuota que la UE asignó (99.900 toneladas) cobra una importancia que hasta el año pasado era considera marginal para el negocio ganadero del gigante sudamericano.
A su vez, el órgano que tiene el MERCOSUR para gestionar ese instrumento comercial, el Sistema de Administración y Distribución de Cupos Otorgados al MERCOSUR por Terceros Países o Grupos de Países" (SACME) -creado en 2010- deberá ser robustecido y eficientizado dado que fue pensado para gestionar pequeñas cuotas de ciertos bienes de los acuerdos alcanzados con Colombia e Israel. Como se señaló, el tamaño del volumen comercial y la magnitud de los intereses en juego del ITA para el MERCOSUR no tienen precedentes. En el caso de Colombia las cuotas han representado en promedio 18.300 tn/35 millones de dólares y en el caso de Israel 31.00 tn/ 25 millones de dólares.
Asimismo, la Comisión de Comercio del Mercosur (CCM ) creó en 2020 el Comité Ad Hoc sobre Control de Cupos del MERCOSUR con el fin de trabajar en la mejora del SACME para perfeccionar su funcionamiento. En junio de 2024 se concluyó modernizar el formato del Certificado de Autorización de Cupos, el cual entró en vigor a partir de enero de 2025. Si bien representa un importante avance, la magnitud de los volúmenes de TRQ del Acuerdo con UE implicará la necesidad de fortalecimiento de la SACME y un trabajo coordinado con la Secretaría Técnica (ST) y el Sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (STIC). Más allá del criterio que se tome sobre la distribución de los TRQs, existirá un mecanismo de "pool" para la redistribución de cupos no utilizados por posible subutilización. La necesidad de contar con un sistema operativo ágil, integrado y actualizado permanentemente será fundamental para el aprovechamiento comercial. Por ejemplo, un sistema con tecnología blockchain podría ser de mucha utilidad, dado que representa un registro digital, descentralizado y distribuido que permite registrar datos de manera segura, transparente e inmutable.
El Capítulo 22 del ITA establece las disposiciones institucionales (institutional provisions) con el fin de gestionar el gran acervo normativo y la complejidad regulatoria del acuerdo. Se establece como máxima autoridad el Consejo de Comercio (Trade Council). Estará compuesto por representantes de la UE, por una parte, y de cada uno de los Estados signatarios del MERCOSUR con funcionarios de nivel ministerial con responsabilidad en materia de comercio, por la otra.
La estructura institucional crea el Comité de Comercio -que depende del Consejo- compuesto por altos funcionarios (senior/ official level) el cual podrá delegar en el Comité de Comercio cualquiera de sus funciones, incluida la facultad de tomar decisiones. El Comité es el encargado del seguimiento y la evaluación de impacto en el empleo, la inversión y el comercio entre las Partes.
Una de las funciones del Comité es supervisar el trabajo de todos los subcomités establecidos sobre áreas comerciales específicas. Los subcomités tienen el objetivo de monitorear la implementación de cada uno de los temas comerciales y de brindar asistencia técnica al Comité de Comercio. En el espíritu del texto se desprende un funcionamiento institucional bottom up, de ahí la importancia de un fuerte involucramiento en cada subcomité, que variará de acuerdos a los intereses específicos de los Estados parte. Los países del MERCOSUR deberán crear una mini-burocracia para gestionar el Acuerdo.
La evaluación ex post que hizo la UE de los Acuerdos con los países andinos muestra la importancia que cumple los mecanismos institucionales en la implementación. La firma del Acuerdo de Perú con la UE obligó una modernización sin precedentes de los órganos de control nacional agropecuario para lograr robustecer sus capacidades. Esto permitió, junto con la asistencia técnica de la UE, la implementación de sistemas de vigilancia y control que permitieron la exportación de espárragos, paltas y mangos cumpliendo con los Límites Máximos de Residuos (LMR) de la UE como también así sobre niveles máximos de cadmio para el cacao. Previa a la decisión de la UE de brindar asistencia técnica para armonización de estándares, existió una ardua negociación y distintos mecanismos de diálogo para aplicar el principio de Trato Especial pero Diferenciado (TED), primero en Subcomité de MSF, y dado que no hubo consensos, se derivó el asunto al Comité de Comercio. El caso en cuestión ilustra la centralidad que ocupa la arquitectura institucional del acuerdo en la gestión de los compromisos de cooperación asumidos por la UE, los cuales no son automáticos. Dado las profundas reticencias de ciertos actores domésticos europeos al Acuerdo con el MERCOSUR, el cual no desaparecerá una vez que entre en vigor, el seguimiento de los temas no arancelarios como los aspectos fitosanitarios en los bienes agropecuarios será muy importante para evitar que esas medidas se transformen en barreras proteccionistas que afecten el acceso al mercado europeo. Es sable señalar que en diciembre de 2025, en el contexto donde la Comisión Europea buscaba los consensos para aprobar el Acuerdo, se anunció un refuerzo de los controles de los alimentos y los productos animales y vegetales que entran en la UE. Ante cualquier medida discriminatoria o no ajustada a evidencia empírica que impida el ingreso de bienes desde el MERCOSUR, se deberá activar rápidamente las gestiones políticas utilizando la institucionalidad del acuerdo. A su vez, la operacionalización del régimen de salvaguardias unilaterales presentada por la Comisión Europea y ratificada por el Parlamento —incluyendo su aplicación sobre productos sujetos a TRQs— introduce un riesgo significativo para los intereses ofensivos del MERCOSUR. Los criterios de activación (variaciones de precios o volúmenes superiores 5% según la última revisión de la Comisión del Parlamento Europeo) y los plazos abreviados de investigación exigen capacidades de monitoreo y respuesta técnica que hoy no están plenamente desarrolladas a nivel regional.
Por último, un tema importante y preocupante para la implementación del Acuerdo en particular para reducir las brechas y asimetrías existentes es lo no entrada en vigencia del Protocolo de Cooperación, uno de los logros que consiguieron los países del MERCOSUR en la renegociación de 2024. El Protocolo no es vinculante sin la aprobación integral del Acuerdo de Asociación (EMPA).
El Protocolo busca facilitar la adaptación de los actores económicos vulnerables del MERCOSUR (MIPYMES, mujeres, pequeños agricultores, pueblos indígenas y comunidades locales) para que puedan competir y beneficiarse del acuerdo y ayudar en la implementación del pilar comercial del Acuerdo, maximizando las oportunidades y abordando los posibles impactos negativos. La UE se comprometió a establecer un programa específico de financiamiento para el MERCOSUR para poder canalizar la cooperación de manera preferente con apoyo financiero que incluya recursos nuevos que no están disponibles actualmente en otros programas.
Para la agenda de sustentabilidad la ausencia del Protocolo representa un gran desafió. Existe el riesgo de que los compromisos ambientales del acuerdo, si no son acompañados por mecanismos de financiamiento y cooperación adecuados, deriven en un acceso asimétrico a los beneficios comerciales, favoreciendo a grandes empresas con mayor capacidad de adaptación regulatoria y excluyendo progresivamente a pequeños y medianos productores, agricultores familiares y economías regionales. Por otro lado, la falta de capacidades técnicas, institucionales y tecnológicas para cumplir con los nuevos estándares europeos puede traducirse en pérdida de competitividad, subutilización de cuotas y erosión de los intereses ofensivos del MERCOSUR en sectores agroalimentarios clave.
La exclusión del Protocolo de Cooperación del ITA profundiza esta problemática. Dicho Protocolo había sido concebido como el principal instrumento para cerrar brechas de desarrollo, canalizar recursos financieros y acompañar la transición productiva y ambiental de los países del MERCOSUR. Los gobiernos del MERCOSUR deberán exigir el cumplimiento de dicho compromiso político asumido en las negociaciones más allá del status legal del Protocolo en cuestión.
La noción de aprovechamiento de un acuerdo comercial (utilización o uso) se refiere al grado efectivo en que los operadores económicos (exportadores, importadores, productores) de los países firmantes hacen uso de las preferencias arancelarias y no arancelarias establecidas en un acuerdo. El gran desafío es convertir las ventajas “del papel" en beneficios económicos y comerciales reales. El aprovechamiento de un acuerdo comercial es entendido como el incremento de los bienes exportados (tanto en volumen como en valor) gracias a la desgravación arancelaria y otras preferencias, lo cual se debiera ver reflejado en un aumento de la diversificación exportadora, superior al promedio con el resto del mundo .
La existencia de preferencias arancelarias no garantiza automáticamente su uso efectivo en el comercio bilateral, ya que su utilización depende de múltiples factores, como la capacidad productiva de los países, las preferencia de los consumidores, la disponibilidad de información para los exportadores e importadores, el nivel de los aranceles de importación NMF, el cumplimiento de reglas de origen, las medidas no arancelarias, los costos administrativos y la conectividad logística y costos de transporte.
Según un estudio del BID el MERCOSUR es el proceso de integración latinoamericano que mayor distancia regulatoria en medidas técnicas tiene. Un 65% de todas las medidas impuestas por los Estados Partes son diferentes. A su vez, el índice de distancia regulatoria del MERCOSUR con la UE es el más elevado del bloque si tenemos en cuenta el comercio con América Latina y Estados Unidos. El 75% de las medidas técnicas impuestas por ambos bloques son diferentes. El fortalecimiento de buenas prácticas regulatorias sigue siendo un gran desafío para el bloque sudamericano.
En general, los capítulos de OTC de los acuerdos comerciales son marcos que “alientan” a los países a perseguir la cooperación regulatoria internacional en ciertas direcciones. El trabajo real para reducir la heterogeneidad regulatoria, generalmente, se lleva a cabo por separado. Cabe destacar que para el país/bloque con más regulaciones, el acceso al mercado con menos regulaciones implica un proceso relativamente fácil. Lo contrario sucede en el caso del país/bloque con menos regulaciones que es probable que perciba ganancias importantes del comercio si modifica su regulación. En tal situación, es razonable esperar que el acuerdo regulatorio converja más cerca del país con más regulaciones. La entrada en vigor del Acuerdo generará una demanda interna intra-MERCOSUR de una mayor infraestructura de la calidad (metrología, normalización, evaluación de la conformidad) a la existente.
Según un estudio publicado por el Real Instituto Elcano, si el acuerdo UE-MERCOSUR se utiliza como plataforma para una integración más ambiciosa y profunda mediante acuerdos de reconocimiento mutuo (MRA) y con normas similares a las vigentes en la UE (armonización completa) y alineación en MSF, el comercio birregional podría llegar aumentar, hasta un 70% .
Sin una convergencia con los estándares regulatorios de la UE en medidas técnicas, los exportadores del MERCOSUR -especialmente PYMES- verán dificultades en el “uso del Acuerdo”, dado que las ventajas arancelarias inmediatas que este prevé (55% de las líneas arancelarias a 0% el año 0) se pueden erosionar por este tipo de barreras. Por su parte, los exportadores europeos que cumplen altos estándares técnicos no tendrán problemas de usufructuar de la liberalización que ofreció el MERCOSUR al año 0 (el 11 % de las líneas arancelarias). Los países del MERCOSUR deberán avanzar en una agenda de calidad de sus bienes e instituciones promoviendo iniciativas sectoriales de mejora de la calidad de los bienes exportable. Cumplir con las exigentes reglas europeas abre el acceso a cualquier otro mercado (ejemplo los asiáticos), mejorando la competitividad sistémica del sector privado.
La falta de conocimiento e información ha sido ponderada como una de las principales razones por las que las empresas de los países andinos no han utilizado las preferencias de los Acuerdos que dichos países tienen en vigor. Un gran desafío post firma del Acuerdo y pensando en la futura entrada en vigor es la planificación de un trabajo nacional, federal y regional con el sector privado (cámaras empresariales) para sensibilizar y capacitar sobre las disposiciones del Acuerdo y su aprovechamiento para el acceso al mercado europeo.
El fortalecimiento de la coordinación público-privada entre los distintos órganos de gobierno competentes con las entidades empresarias que nuclean a los pequeños empresarios como el Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Paraguaya de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FEDEMIPYME) y la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas de Uruguay (ANMYPE) resulta prioritario. A su vez, es esperable que un mayor rol protagónico y de coordinación de la Cámara de Industria y Comercio del MERCOSUR y las Américas.
Un gran desafío para el sector empresarial de los países del MERCOSUR va a ser el cumplimiento de estándares privados para el acceso a mercados. Si bien como ya se desarrolló, los reglamentos técnicos (estándares gubernamentales obligatorios) son barreras comerciales directas, los estándares privados se perciben cada vez más como barreras de facto. Grandes compradores corporativos imponen estándares de seguridad alimentaria y -buenas prácticas agrícolas- como requisito previo para hacer negocios, lo que hace que, en la práctica, sean obligatorios. El cumplimiento de los estándares privados es fundamental para que los productores, especialmente los de países en desarrollo, se inserten en las cadenas globales de valor (CGV) y accedan a los mercados de alto valor, los denominados segmentos premium. Frecuentemente las firmas compradoras exigen estándares más estrictos que los propios gobiernos.
Por ejemplo, en la esfera de la seguridad alimentaria, el enfoque de co-regulación se está volviendo común, donde los gobiernos confían cada vez más en el sector privado para hacer cumplir las políticas. Al igual que los OTC, los estándares privados pueden aumentar sustancialmente los costos, el tiempo y las habilidades requeridas a los productores para demostrar el cumplimiento. Esto plantea un riesgo de exclusión del mercado, especialmente para los pequeños productores y los países en desarrollo, que carecen de la infraestructura y el financiamiento necesarios.
El aprovechamiento del acceso preferencial al mercado europeo requerirá de empresas que inviertan en innovación, que adopten procesos de mejora continua y que adapten sus productos a los requerimientos cada vez más exigentes. Pero también va a requerir de Estados dispuestos a responder a los requerimientos del sector privado a través de la provisión de bienes públicos, el apoyo a la articulación de las cadenas y la resolución de otros problemas de coordinación .
El Acuerdo UE–MERCOSUR configura una liberalización comercial profunda pero administrada, sustentada en cronogramas diferenciados, cuotas arancelarias y mecanismos de gradualidad que permiten gestionar las históricas sensibilidades estructurales de ambos bloques. La UE mantiene protección relativa en su núcleo agroalimentario, mientras que el MERCOSUR preserva plazos extensos en manufacturas y especialmente en el sector automotriz, lo que refleja una apertura cruzada y complementaria entre un bloque con ventajas industriales y tecnológicas, como los tiene la UE, y otro con ventajas agroindustriales y de recursos estratégicos como el MERCOSUR.
La literatura señala que los acuerdos de libre comercio de tipo Norte-Sur, en especial los acuerdos profundos, tienen efectos distributivos heterogéneos sobre las economías en desarrollo, afectando a sectores productivos e industriales pocos competitivos. En ese marco, una vez entrado en vigor el acuerdo, dado los plazos de desgravación arancelarias pautados, el gran desafió de los países del MERCOSUR en el mediano y largo plazo será lograr una adaptación competitiva frente a nueva dinámica comercial externa, caracterizada por una mayor apertura por los avances de la agenda externa. Las brechas de competitividad y complejidad económica entre ambos esquemas de integración son muy marcadas, si se toman los datos del IMD World Competitiveness Ranking (2025) y The Atlas of Economic Complexity (2022).
El estudio de equilibrio general publicado por investigadores de la Universidad Complutense concluye que con el Acuerdo MERCOSUR-UE funcionado plenamente (desgravación completa) las importaciones desde la UE crecerían en más de 47%, y por el contrario, las importaciones procedentes del resto de las regiones (incluido el comercio dentro del MERCOSUR) disminuirían en todos los casos. Si bien se destaca en términos agregados que el Acuerdo traerá una mayor creación de comercio, el desvió comercial intra-regional será significativo. El informe señala específicamente el sector lácteo -dinámica comercial complementaria- donde el comercio intra-bloque explica el 50% de las exportaciones totales. Esta preocupación fue confirmada por afirmó Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) de Argentina.
Dado la importancia del mercado brasileño para bienes finales argentinos como en materia de insumos, el desafío para Argentina es mayúsculo. Las actuales preferencias que gozan las exportaciones argentinas en Brasil se verán erosionadas ante la competencia europea. Este efecto representa un impacto negativo adicional sobre la balanza comercial y el empleo en Argentina.
Contar con información precisa y actualizada sobre los desvíos de comercio que se comiencen a producir una vez que el Acuerdo tenga vigor, tanto en bienes finales como en cadenas de suministros intra-bloque, será un insumo clave para la elaboración de políticas sectoriales que puedan morigerar y atemperar los efectos adversos. Un conjunto de herramientas podrá ser utilizado sin violentar los compromisos del Acuerdo. A saber: exclusiones sectoriales del AEC, mecanismos temporales como salvaguardias, fondos para reconversión industrial o subsidios temporales, entre otros. Asimismo, la posible implementación bilateral del Acuerdo podría agravar el desvío de comercio al fragmentar temporalmente el mercado común, mereciendo en caso que esto suceda, un minucioso seguimiento comercial por parte de las autoridades nacionales como por la institucionalidad del bloque.
Los plazos de desgravación arancelario negociados en el Acuerdo para la industria automotriz del bloque sudamericano son amplios. Para vehículos terminados la liberalización total tiene un plazo de 15 años (más para nuevas motorizaciones). La adaptación de la industria para competir con los vehículos producidos en Europa debe ser un objetivo estratégico del MERCOSUR pensado en los efectos de largo plazo del Acuerdo. En 2024 la UE produjo 37.7 millones de unidades (a nivel de la producción global, la UE representa el 15.9%), exportando a mercados extra-bloque menos del 10%. Sin embargo, la caída de la producción en los últimos años (del 5.1% en 2024) y la fuerte penetración de vehículos provenientes de China obliga a las principales firmas europeas a diversificar mercados para mantener los niveles de actividad en el viejo continente. La demanda de las cámaras empresariales del MERCOSUR de políticas para fortalecer la competitividad del sector ha sido fuerte en todo el proceso negociador, principalmente desde 2017.
Para el MERCOSUR el sector automotriz es estratégico. En el periodo 2021-2023 representó en promedio el 21% del total de las transacciones comerciales dentro del MERCOSUR. El comercio administrado del sector automotriz entre Argentina y Brasil permitió que se instalen distintas terminales internacionales (muchas de ellas europeas) en esos países desarrollando un comercio intra-firma y una cadena de valor regional de vehículos y autopartes. Asimismo, Uruguay también ha logrado desarrollar, a partir de acuerdos complementarios, una industria en crecimiento que abastece principalmente a los dos socios más grandes del bloque. Por su parte, la industria automotriz en Paraguay se caracteriza por la producción de autopartes bajo el régimen de maquila para las montadoras de Argentina y Brasil. La exportación de autopartes a Brasil representa 300 millones de dólares anuales, siendo el rubro que mayores ingresos genera al Estado bajo este régimen.
El horizonte de una mayor exposición a la competencia internacional en el mediano plazo coincide con una profunda reestructuración del sector a nivel global en el marco del avance de la electromovilidad. En los últimos años Brasil ha desarrollado una política industrial muy ambiciosa plasmada en el Programa MOVER, aprobado por el Senado en 2024 y vigente desde enero de 2025. El programa fomenta (vía incentivos fiscales y crediticios) la promoción de la producción local de vehículos que contribuyan a la descarbonización, incluidos vehículos de pasajeros, autobuses y camiones. La radicación de firmas como la china BYD para ensamblar autos en Brasil implica las importaciones de vehículos, insumos y piezas de origen chino, que se duplicaron en 2024 y pasaron de representar el 14,2% de las importaciones del rubro en 2023 al 24,1% en 2024. Como bien señala la CEPAL, el éxito del plan brasileño estará dado por la sustitución efectiva de piezas y partes locales y/o regionales, un aspecto crucial para el MERCOSUR, dado el peso del sector automotriz en el mercado regional, hoy vertebrado en torno a vehículos de combustión interna. La demanda de cámaras empresariales de políticas para fortalecer la competitividad del sector deberá estar acompañada por políticas públicas nacionales y regionales que proyecten un rediseño del régimen automotriz para evitar una fragmentación que menoscabe el funcionamiento de las cadenas productivas regionales.
La amenaza del largo plazo sobre el sector automotriz no debe obturar las oportunidades que el Acuerdo en construcción de capacidades y de buenas prácticas regulatorias en el corto y mediano plazo. El Acuerdo incentiva a que vehículos y autopartes del MERCOSUR cumplan con los estándares globales de normas técnicas. A partir de financiamiento, transferencia de tecnología y cooperación técnica el MERCOSUR puede avanzar hacia una infraestructura de homologación vehicular (ramas o subcontratistas de laboratorios europeos acreditados) para cerrar la disparidad técnica e institucional significativa existente entre las dos regiones en estándares internacionales
Con matices y distintos énfasis existe un consenso en los gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR de la importancia de la entrada en vigor del Acuerdo para el bloque regional, el mayor símbolo de la revitalización de la agenda externa. Esta situación es similar en materia empresarial, donde las visiones optimistas/positivas han ganado terreno a lo largo de los cuatro países del bloque. En un contexto de creciente tendencia a la fragmentación y polarización política al interior del bloque, cómo así también de profundos cambios en el escenario internacional, la entrada en vigor del Acuerdo Mercosur-UE puede ejercer una fuerza centrípeta y efecto demostración positivo sobre las capacidades regionales, como ser un dinamizador de la agenda interna y como afianzador de la identidad MERCOSUR (affectio societatis entre las partes)
Sin embargo, los desafíos por delante pensando en una eventual entrada en vigor son mayúsculos, más para el bloque sudamericano por las asimetrías de poder, las brechas de desarrollo existentes y la debilidad relativa de su estructura normativa/institucional. En ese sentido, el presente trabajo buscó puntualizar desafíos concretos en tres dimensiones, (fase de la implementación, aprovechamiento y adaptación) en donde se deberán tomar decisiones y avanzar con acciones concretas. Los desafíos enumerados representan sólo una pequeña muestra de la complejidad que el MERCUSOR -como bloque- y los Estados partes tienen por delante en la gestión del Acuerdo. Un acuerdo de integración profunda no se “aprovecha” por inercia: requiere inteligencia comercial, capacidades regulatorias, diálogo público-privado y una estrategia de desarrollo que permita transformar compromisos internacionales en oportunidades concretas.