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La negociación del acuerdo birregional entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) está llegando a una etapa definitoria, luego de 30 años. Las negociaciones entre ambas regiones pueden rastrearse a mediados de los años noventa, en un contexto de expansión del regionalismo y de apertura comercial. En 1995, ambas partes firmaron el Acuerdo Marco de Cooperación Interregional, que sentó las bases jurídicas y políticas para una futura negociación de un tratado más amplio, con tres pilares principales: diálogo político, cooperación y liberalización comercial.
El lanzamiento formal de las negociaciones se produjo en 1999, en la Cumbre de Río de Janeiro, con el objetivo de avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Birregional. Sin embargo, las rondas iniciales fueron rápidamente afectadas por divergencias en materia de acceso a mercados agrícolas (prioridad para el Mercosur) y apertura de sectores industriales y de servicios (prioridad para la UE). La falta de avances concretos llevó a un estancamiento de las conversaciones en 2004.
El proceso se reactivó en 2010, en un nuevo contexto global marcado por la crisis financiera internacional y el ascenso de economías emergentes, lo que incentivó a la UE a reforzar sus vínculos con América Latina. Durante esta etapa, se profundizaron las ofertas arancelarias y se discutieron temas sensibles como las indicaciones geográficas, normas sanitarias, compras públicas y propiedad intelectual.
En junio de 2019, tras veinte años de negociaciones intermitentes, ambas partes anunciaron un acuerdo político sobre el pilar comercial. Esto representó un avance sustantivo hacia la creación de una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, que abarcaría a más de 700 millones de personas. Sin embargo, desde entonces, la firma definitiva y la ratificación han enfrentado obstáculos políticos y ambientales. Entre los más destacados se encuentran las preocupaciones europeas por la deforestación en el Amazonas y la sostenibilidad ambiental, así como las reticencias en algunos sectores productivos europeos temerosos de la competencia del Mercosur.
Hasta la actualidad, la negociación entre el Mercosur y la UE ha reflejado la complejidad de armonizar intereses entre bloques con estructuras productivas asimétricas y la persistencia de un proyecto estratégico de integración birregional que combina comercio, cooperación y diálogo político.
El proceso negociador que comenzó hace tres décadas, ha alcanzado hitos significativos en 2024 y 2025. En diciembre de 2024, durante la Cumbre del Mercosur en Montevideo, los líderes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto con representantes de la Comisión Europea, declararon la finalización de las negociaciones, marcando un paso crucial tras el acuerdo anunciado en 2019, incorporando ajustes en temas sensibles como la sostenibilidad ambiental y el desarrollo verde, en respuesta a las demandas europeas post-pandemia y al contexto geopolítico actual marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones comerciales globales.
En septiembre de 2025, la UE completó la revisión legal del texto del acuerdo, traduciéndolo a sus lenguas oficiales y presentándolo al Consejo Europeo para su aprobación. La Comisión Europea, encabezada por Úrsula von der Leyen, ha priorizado la firma antes de finales de 2025, aprovechando la presidencia pro tempore de Brasil en el Mercosur. La expectativa es que el Parlamento Europeo apruebe la parte comercial en una sesión clave prevista para principios de 2026, permitiendo una entrada en vigor provisional de los capítulos comerciales. Sin embargo, países como Francia y Polonia han expresado reservas, citando preocupaciones sobre el impacto en sus sectores agrícolas, lo que podría complicar la aprobación en el Consejo si forman una minoría de bloqueo. A pesar de esto, la mayoría calificada (15 países representando el 65% de la población de la UE) parece alcanzable.
Paralelamente, el Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, formada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) en septiembre de 2025, tras concluir negociaciones en julio. Este tratado, que elimina aranceles industriales de inmediato para la EFTA y gradualmente para el Mercosur, refuerza la estrategia de apertura comercial del bloque sudamericano y sirve como precedente para las negociaciones con la UE, especialmente en temas de sostenibilidad. La ratificación del acuerdo EFTA, pendiente en los parlamentos nacionales, podría completarse en 2026, consolidando la agenda de integración económica del Mercosur.
Estos desarrollos reflejan un impulso estratégico para ambos bloques. En un entorno de proteccionismo global, el acuerdo Mercosur-UE busca crear un mercado de 750 millones de personas, promoviendo la integración comercial y diversificando socios comerciales frente a desafíos como la política comercial de la Administración Trump.
El Acuerdo Mercosur-UE es un tratado amplio que abarca tres pilares: diálogo político, cooperación y liberalización comercial. Su estructura incluye capítulos sobre comercio de bienes, servicios, compras públicas, propiedad intelectual, sostenibilidad y resolución de disputas, con el objetivo de formar una de las mayores áreas de libre comercio del mundo.
En el ámbito comercial, el acuerdo elimina aranceles en el 91% de las exportaciones del Mercosur a la UE y en el 92% de las exportaciones europeas al Mercosur, generando ahorros significativos para ambos lados. Para la UE, productos como aceite de oliva, vinos, lácteos y frutas frescas ganan acceso preferencial al mercado sudamericano, mientras que el Mercosur beneficia a sectores agrícolas clave como carne bovina, pollo, azúcar y soja, con cuotas arancelarias reducidas (por ejemplo, 99.000 toneladas de carne a un arancel del 7,5%). Los plazos de desgravación, que alcanzan hasta 15 años para productos sensibles, buscan proteger sectores vulnerables mientras fomentan la competitividad.
El acuerdo protege 200 indicaciones geográficas del Mercosur, incluyendo productos argentinos como el vino Malbec de Mendoza o el dulce de leche, garantizando su autenticidad en el mercado europeo. A cambio, Argentina acepta abrir su mercado a bienes europeos como maquinaria, químicos y lácteos, con plazos de desgravación de hasta 15 años para proteger sectores industriales locales, como la automotriz y textil, que emplean a miles en Córdoba y Buenos Aires. Asimismo, abre mercados de servicios como finanzas, telecomunicaciones y transporte, permitiendo a empresas europeas operar en el Mercosur y viceversa. En compras públicas, ambos bloques podrán competir en licitaciones gubernamentales, aumentando la transparencia y las oportunidades para pymes.
El pilar de sostenibilidad es un componente destacado, alineado con el Acuerdo de París. Incluye compromisos vinculantes para combatir la deforestación, proteger la biodiversidad y promover una transición ecológica, respaldados por fondos europeos para proyectos verdes en el Mercosur. Mecanismos de monitoreo con participación de la sociedad civil y posibles sanciones refuerzan el cumplimiento de estándares ambientales y laborales. El diálogo político, por su parte, fortalece la cooperación en temas como derechos humanos, migración y seguridad, con un comité conjunto para resolver disputas.
Este diseño busca equilibrar intereses divergentes: el Mercosur accede a tecnología e inversiones, mientras la UE asegura suministro de alimentos y materias primas en un contexto de incertidumbre global.
A lo largo de las negociaciones, el Acuerdo Mercosur–UE generó tres grandes lecturas sobre su impacto económico y comercial.
Una de ellas, la más crítica, lo cuestiona por ser un acuerdo desequilibrado: propone una apertura total del comercio industrial y de servicios, pero sólo parcial para los productos agrícolas. Desde esa perspectiva, podría profundizar las brechas de desarrollo y generar efectos negativos sobre las industrias locales.
En el otro extremo, hay quienes lo ven como un hito en la política exterior del Mercosur y una oportunidad para abrir el camino hacia una etapa de estabilidad y crecimiento, tanto a nivel nacional como regional. Según esta visión, el acuerdo permitiría modernizar las economías, atraer inversiones y ampliar la inserción en el comercio global.
Entre ambas posiciones, surge una mirada intermedia que reconoce los beneficios que podría traer, aunque aclara que su verdadero impacto dependerá de factores internos: la capacidad de fortalecer el sistema productivo, diversificar las exportaciones y avanzar hacia un Mercosur más integrado.
Las principales críticas giran en torno a las asimetrías entre ambos bloques y sus posibles efectos sobre los sectores industriales. El Mercosur exporta sobre todo bienes primarios y agroindustriales, mientras que la UE envía productos de mayor valor agregado, industriales y tecnológicos. Esto podría implicar pérdidas en sectores como el automotriz y de bienes de capital, compensadas sólo parcialmente por mayores exportaciones agroindustriales. En ese escenario, la reconversión productiva sería clave para mitigar los impactos.
Otro punto de debate es que el acuerdo no solo afectaría el comercio con la UE, sino también el intercambio dentro del propio Mercosur. Argentina y Brasil podrían perder participación en su comercio bilateral de manufacturas, lo que reforzaría la tendencia a la primarización de sus economías. Esto convierte al acuerdo en un desafío más que en una oportunidad, ya que las transformaciones necesarias implicarían altos costos sociales. Sin embargo, también se destaca su valor estratégico: podría servir como impulso para modernizar el bloque y mejorar su inserción en las cadenas globales de valor.
Del lado de los defensores, prevalece una visión más optimista. Consideran que el acuerdo puede ayudar a abrir economías tradicionalmente cerradas y a revitalizar un comercio intrarregional que viene en retroceso. En ese sentido, se lo presenta como una oportunidad para generar nuevos flujos de comercio, atraer inversiones y promover la reconversión industrial.
Finalmente, la mirada más equilibrada sostiene que el acuerdo implicará una apertura importante, especialmente para Argentina y Brasil, aunque sus resultados dependerán de cuestiones que van más allá del comercio: la estabilidad macroeconómica, la capacidad productiva y la fortaleza del propio Mercosur. Más allá de los números, el debate de fondo sigue abierto: cuál debe ser la estrategia de desarrollo y qué grado de apertura necesita realmente la región.
El acuerdo Mercosur-UE plantea una serie de cuestiones que van más allá de las disciplinas comerciales y que tienen impacto en términos regulatorios a la vez que requieren grados importantes de coordinación y armonización e impulsa la reducción de barreras no arancelarias mediante mecanismos de convergencia regulatoria y normas técnicas.
En un entorno volátil e inestable como el del Mercosur, el Acuerdo podría funcionar como un ancla institucional y normativa, fortaleciendo el proceso de integraciónr.
Se trata de un acuerdo profundo y complejo, con varios capítulos que se refieren a cuestiones de actividad económica como aquellos referidos al comercio de servicios, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, compras públicas, derechos de propiedad intelectual y el tratamiento de la IED, etc.
Por otra parte, hay un capítulo dedicado a la agenda de facilitación de comercio y la remoción de los llamados obstáculos técnicos al comercio (OTC), en que entran tanto las normas técnicas como las medidas sanitarias y fitosanitarias. Algunas de las provisiones en relación a estas medidas han sido también cuestionadas en la UE en función de la seguridad de los consumidores europeos ya que ignora el principio precautorio, pilar legal fundamental de la unión.
Desde el punto de vista del Mercosur, la incorporación al acuerdo implicará ajustarse a estándares más altos y controles más estrictos. Esto podría tener un impacto positivo en la mejora de la competitividad pero el costo de adecuación puede ser significativo para las empresas, en particular para las pymes. En este sentido, el Título sobre Cooperación (uno de los tres pilares, junto con el de comercio y el dedicado al diálogo político) prevé mecanismos institucionales concretos (comités mixtos, grupos técnicos, financiamiento bilateral y acceso a programas europeos) para fortalecer capacidades productivas y regulatorias en sectores con potencial exportador, promover la innovación, la digitalización y la adopción de estándares europeos y facilitar la participación de PYMEs en cadenas de valor internacionales. Este es un aspecto usualmente poco considerado dentro del acuerdo pero con gran capacidad de generar transformaciones en términos competitivos para las empresas del Mercosur.
El componente ambiental del acuerdo ha sido uno de los más discutidos y ha jugado un papel clave en el retraso de su ratificación. El texto establece compromisos vinculantes para ambas partes, en línea con el Acuerdo de París y otros convenios multilaterales sobre protección ambiental y derechos laborales. Para la UE, este capítulo es fundamental, no solo como una prioridad política, sino también como una herramienta para responder a las crecientes demandas de su ciudadanía y a las preocupaciones por la deforestación en el Amazonas y el uso de agroquímicos en la producción agropecuaria del Mercosur.
Las principales críticas al acuerdo, desde la perspectiva ambiental, giran en torno a la posibilidad de que la liberalización comercial estimule una mayor producción de materias primas, lo que podría intensificar la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, se ha puesto un énfasis especial en la trazabilidad ambiental de los productos y en la obligación de cumplir con los estándares de la UE, lo que para algunos analistas podría ser una forma de neoproteccionismo por parte de Europa.
Para el Mercosur, el desafío es inmenso. Si bien el acuerdo incluye fondos de cooperación para la transición ecológica, la implementación de estas normas requiere de inversiones significativas y de un cambio de modelo productivo. La UE busca que el acuerdo sirva como un motor para la transición verde y digital, asegurando el acceso a materias primas estratégicas como minerales y energías renovables, mientras los países del Mercosur avanzan en su desarrollo sostenible. La clave está en que esta hoja de ruta beneficie a ambas partes de manera equilibrada, sin imponer una inserción subordinada del Mercosur como simple exportador de recursos naturales.
La ratificación del acuerdo enfrenta un proceso complejo debido a su naturaleza “mixta”, que combina competencias exclusivas de la UE (comercio) con áreas que requieren aprobación nacional (cooperación y diálogo político). En la UE, el proceso comienza con la aprobación del Consejo por mayoría calificada, seguido del voto en el Parlamento Europeo. La parte comercial podría entrar en vigor provisionalmente tras este paso, pero los capítulos de cooperación exigen ratificación por los 27 parlamentos nacionales, un proceso que podría tomar años.
En el Mercosur, cada país (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) debe aprobar el acuerdo en sus congresos nacionales, con plazos que varían entre 6 y 18 meses. Brasil, al igual que Paraguay y Uruguay, impulsa una ratificación rápida para 2025. En Argentina, el debate sobre el impacto en la industria local ocupará el centro de la escena. Sectores como la UIA (Unión Industrial Argentina) han expresado inquietud por la competencia europea en manufacturas, mientras que la Sociedad Rural Argentina apoya el acuerdo por sus beneficios agropecuarios.
La entrada en vigor provisional de la parte comercial depende de la aprobación en ambos bloques, con plazos de implementación gradual (5 a 15 años) para la eliminación total de aranceles.
Los principales obstáculos son políticos. En la UE, Francia lidera las críticas, exigiendo garantías para su sector agrícola y mayor énfasis en sostenibilidad, con apoyo de países como Polonia. En el Mercosur, la coordinación entre gobiernos con prioridades económicas distintas será clave para evitar negociaciones bilaterales que debiliten el bloque. Si se firma en diciembre de 2025, la entrada en vigor parcial podría ocurrir en 2026, pero la ratificación completa podría extenderse hasta 2027 o más allá.
El principal desafío hacia la implementación es superar resistencias políticas y técnicas. En la UE, las protestas agrícolas y las demandas de salvaguardas podrían retrasar la ratificación. En el Mercosur, la falta de infraestructura y estándares técnicos homogéneos dificulta el cumplimiento de requisitos europeos, especialmente en sostenibilidad. Las asimetrías productivas (industria fuerte en la UE, agricultura dominante en el Mercosur) podrían agravar desigualdades si no hay políticas de apoyo para sectores vulnerables, como la industria textil o automotriz sudamericana. La clave será una implementación gradual con monitoreo conjunto, asegurando que los beneficios comerciales se distribuyan equitativamente.
El acuerdo Mercosur-UE se encuentra en un punto de inflexión con el anuncio de su finalización y los últimos avances para la ratificación. Más allá de los números y las cláusulas, el proceso revela el estado actual de la integración regional y del orden geopolítico global. El acuerdo es visto, desde una perspectiva europea, como parte de una estrategia de "autonomía estratégica" para diversificar socios y reducir la dependencia de otras economías. Con la ratificación, la UE pasaría a tener acuerdos comerciales con el 94% del PIB latinoamericano, superando ampliamente a EEUU (44%) y a China (14%) y posicionándose como el principal socio estratégico de América Latina. Para el Mercosur, el acuerdo representa una oportunidad para romper con la inercia y revitalizar su posición en el mundo.
No obstante, cabe preguntarse. ¿Será este acuerdo un catalizador para el desarrollo del Mercosur o consolidará una inserción subordinada a la cadena de valor global como exportador de materias primas? La respuesta dependerá no sólo de la firma y ratificación, sino de la capacidad de los gobiernos, las empresas y las sociedades del Mercosur para gestionar sus efectos. Una implementación exitosa requerirá de políticas públicas que fortalezcan la competitividad, diversifiquen las exportaciones y mitiguen los impactos sociales y ambientales negativos.
El uso de las herramientas de cooperación que prevé el Acuerdo puede ser un activo interesante para mejorar las condiciones competitivas de las empresas del Mercosur, en particular las pymes, así como de modernizar la infraestructura institucional y los mecanismos de certificación y control.
En un contexto de proteccionismo creciente y tensiones globales, el acuerdo envía una señal clara de que la cooperación birregional sigue siendo relevante. Si bien los obstáculos políticos persisten, especialmente en Europa, la finalización del proceso negociador demuestra una voluntad política de avanzar. El futuro del acuerdo, y de la relación entre ambos bloques, dependerá de la capacidad de sus líderes para superar las resistencias y de la visión de largo plazo que ambos demuestren en su implementación.